• La Secretaría de Justicia de CONTIGO ha subrayado que el documento de 436 páginas del CGPJ usurpa al Parlamento su labor legislativa, no tiene el consenso de los operadores jurídicos y aprovecha para introducir cambios estructurales, valiéndose del estado de alarma para acoplar reformas, que van más allá de este contexto inusitado, derivado del COVID-19
  • CONTIGO exige un Pacto de Estado por la Justicia, que cuente con el respaldo de todos los operadores jurídicos e insta al CGPJ a retirar esta propuesta

El pasado 17 de febrero de 2020 el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció las líneas del que él mismo denominó “Plan Justicia 2030” para la transformación del servicio público de la Justicia. La hoja de ruta del plan se iba a aprobar en el plazo de tres meses en el Consejo de Ministros, para lo que anunció una ronda de consultas con operadores y los representantes de los diferentes partidos políticos, a fin de consensuarla.

Con ocasión de la pandemia producida por el COVID-19 y la crisis sanitaria, el Plan Justicia 2030, quedó paralizado, debido a los acontecimientos que se han desencadenado, como consecuencia de la crisis derivada del coronavirus.

Mediante el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, se prevé la realización de un plan de agilización de la actividad judicial.

Durante la Semana Santa el Consejo General del Poder Judicial ha presentado un documento de 436 páginas, que a juicio de la Secretaria de Justicia de Contigo Somos Democracia, Yolanda Ramírez “se trata de un documento que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pretende utilizar la excusa de la crisis sanitaria para adoptar medidas que suponen una reforma legislativa procesal en todos los órdenes jurisdiccionales, hurtando al Parlamento su función legislativa. Lo que hace el CGPJ es utilizar el estado de alarma para `colar´ reformas, que van más allá de este contexto extraordinario”.

Ramírez ha explicado que el documento elaborado por el CGPJ, “además de haberse elaborado sin tener en cuenta a todos los operadores jurídicos, representa una reforma legislativa y procesal encubierta que de ningún modo se puede tolerar, ya que si se analizan los 436 folios de propuestas, muchas de ellas implican la conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que suponen limitar o dificultar el acceso de los ciudadanos a la justicia, puesto que pretenden modificar los requisitos de los recursos, la condena en costas, imposición de multas añadidas como medida coercitiva para no litigar, la cuantía de los juicios verbales o la modificación de los plazos, entre otras”.

En CONTIGO Somos Democracia “estamos a favor de que se adopten medidas coyunturales para afrontar el servicio público de la Justicia tras la crisis sanitaria, pero ni son éstas las medidas ni son las formas, ya que las medidas de reforma que se proponen lo son con vocación de permanencia, en ningún caso para afrontar una situación transitoria de emergencia o de excepcionalidad derivada de la pandemia del COVID-19”.

Desde la Secretaría de Justicia de CONTIGO Somos Democracia se ha informado que allá donde ostenta representación ha presentado una propuesta para elevar al Gobierno de España, que entre otras cuestiones plantea exigir un Pacto de Estado por la Justicia, que cuente con el respaldo de todos los operadores jurídicos e insta al CGPJ a retirar esta propuesta.

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