La promoción de llegada sin ningún tipo de control en origen de turistas, procedentes de territorios que triplican la tasa de incidencia del virus en el archipiélago, sumado a las graves deficiencias que presentan los servicios de salud, hace presagiar un desastre sin precedentes. La previsible llegada este fin de semana de 37 vuelos procedentes de Alemania y 73 operaciones desde Reino Unido, siquiera, sin garantía alguna de la realización de test a los viajeros ni en origen ni destino, supone una gravísima temeridad de los ejecutivos canario y español.  Estos territorios europeos (Alemania o Reino Unido) no dudaron en blindar sus fronteras e imponer cuarentenas cuando la incidencia del virus en Canarias superó los 50 casos por 100.000 habitantes.

Ahora, con los servicios sanitarios públicos con una alta ocupación de camas UCI y de hospitales de tercer nivel, una Atención Primaria y unos servicios de salud pública colapsados y con gravísimos retrasos en la detección y rastreo de casos por falta de recursos humanos, se añade este nuevo foco de presión sobre la población y el personal sanitario. Y es que, para gestionar esta grave emergencia sanitaria, el Gobierno canario, presionado por los sectores económicos, insiste en priorizar la economía a la salud, a riesgo de que perdamos la una y la otra.

Desde el punto de vista puramente sanitario se sigue insistiendo en el mismo error. El planteamiento es: “A ver cuántas horas de locales de ocio abiertos puede soportar el sistema”. Nada importa la salud de los canarios, no solo de los pacientes afectados por la COVID-19. Tampoco la de aquellos que presentan patologías diferentes y que no pueden ser atendidos, generando graves complicaciones, cronicidad de sus dolencias y muertes. No podemos olvidar, que esta pandemia, azota a Canarias con una sanidad debilitada por sucesivos años de recortes de medios materiales y humanos, lo que condiciona las mayores listas de espera del conjunto del estado y también la sociedad más enferma de patologías y complicaciones prevenibles. Tanto en el caso de la COVID-19, como en este último, lo grave es que hablamos de mortalidad evitable.

En estos meses, el gobierno no ha trabajado para recuperar plantillas y adaptarlas a las ratios necesarias. No se está aislando a los contactos con un paciente COVIDO-19 positivo y la realización de las pruebas PCR se retrasa más de 8 días. En estas circunstancias, este gobierno no está en condiciones de garantizar control alguno sobre el verdadero estado de salud del turista o visitante.

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