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La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción recuerda al Gobierno de Canarias su declaración de emergencia climática que se combina con la necesidad de una movilidad saludable y con distanciamiento social en estos tiempos de alarma sanitaria y le reclama una ayuda inmediata para promover la movilidad sostenible, sobre todo la bicicleta (tradicional o eléctrica), además de una inversión en urbanismo sostenible.

Para Ben Magec la crisis del coronavirus pone de manifiesto la necesidad de cambio ya urgente en los modos de vida cotidianos de nuestra sociedad. El transporte urbano y, más en general, la movilidad constituyen una de sus facetas principales. Por un lado, las ciudades y países que -como Londres- han encargado estudios preventivos, consideran que se encaran a una reducción de capacidad del transporte colectivo que ronda el 80%. Por el otro lado, la OMS recomienda que “cada vez que sea posible, hay que apostar por trasladarse en bici o andando, lo que garantiza distanciamiento social al tiempo que aporta la indispensable actividad física, actualmente limitada debido al teletrabajo y al menor acceso al deporte”. En consecuencia, numerosos países europeos están actualmente tomando medidas para impulsar el uso de la bicicleta a través de ayudas públicas. Otros ya contaban con ellas desde hace tiempo.

Frente a esta emergencia, el estado español en general y Canarias en particular se encuentran en una situación de preocupante atraso en el uso de la bici como vehículo urbano, así como en prestaciones estatales. Francia, a la espera de concretar mayores inversiones, ya ha aprobado una ayuda nacional expeditiva de 20 millones de euros para reparaciones y entrenamiento, a la vez que las administraciones locales de metrópolis como París o Lyon financian hasta 500 euros la compra de bicicletas. Todo ello, junto con los programas que estimulan las empresas a remunerar con extras en la nómina a la plantilla que se traslade al trabajo en bici. Italia subvenciona la adquisición de medios de transporte personales sostenibles, bicicletas sobre todo, con una ayuda nacional de 120 millones de euro. Reino Unido ha puesto en marcha un plan presupuestado en dos mil millones de libras (2.200 millones de euro) para posicionar la bicicleta y la movilidad a pie en el centro del sistema de transporte nacional.

En este sentido, resulta escandalosa la inacción hasta la fecha del Gobierno español, limitándose a declaraciones contraproducentes como las del Ministro Ábalos, quien ante el Congreso destacó el coche particular como “una opción en estas circunstancias”, o bien completamente hueras como la carta con la que la Ministra Ribera ha invitado a los Ayuntamientos a promocionar la bici, pero sin concretar apoyo económico o técnico alguno. En este marco, resulta igual de chocante aunque poco sorprendente que España sí haya destinado 3.750 millones de euros a subvencionar el sector del coche, en su mayoría abonados directamente a la industria (900 millones cada año de aquí a 2022), mientras que a la renovación del parque público dentro del Plan Moves, enfocado en eléctricos e híbridos, se asigna una partida comparativamente mínima de 100 millones totales. El coche así llamado “de emisiones cero” no está exento de serios problemas en clave medioambiental, pero es llamativo que se reparta un montante todavía mayor -250 millones- para comprar coches que hasta pueden pertenecer a categorías contaminantes (por ejemplo: etiqueta C de la DGT y clase energética B, tanto diésel como gasolina).

En suma, en la tesitura actual el Gobierno español parece atrapado por un círculo vicioso de continuas subvenciones públicas hacia el sector automóvil, de por sí ya en franco declive antes de la pandemia, pero cuyo peso en el PIB se ha ido sustentando precisamente a base de ayudas estatales, así como en revertir subrepticiamente externalidades negativas sobre la colectividad: siendo de propiedad exterior, resulta además refractario a toda negociación de su agenda predatoria.

Es posible, por lo tanto, que las repuestas más eficaces tengan que situarse en la escala regional, a través de reacciones por parte de los territorios más sensibles y frágiles, o bien más afectados por las consecuencias negativas del modelo que privilegia el coche particular: Canarias pertenece a ambas categorías, al padecer los efectos más devastadores del cambio climático, a la vez que se ve sumergida por una avalancha de coches, cuyo simple número aboca las islas a atascos crónicos e impensable contaminación atmosférica. Es el momento de demostrar con acciones concretas si la clase política de Canarias comparte este ideario de cambio necesario, más allá de las declaraciones de intenciones y de los documentos altisonantes.

Desde este punto de vista, los ecologistas destacan como otras Comunidades Autónomas han sacado ya en tan poco tiempo subvenciones para fomentar la compra de bicicletas y patinetas eléctricas. En concreto la Comunidad Valenciana ha sacado una inversión de 500.000 euros, que subvencionará la adquisición de bicicletas convencionales de carácter de urbano, bicicletas eléctricas, vehículos de movilidad personal eléctricos (patinetes) y kits de electrificación de bicicletas, en todos aquellos establecimientos y tiendas con sede en Valencia que se adhieran al plan. La comunidad de Madrid ha sacado 3 millones de euros para ayudas similares.

La organización ecologista, reclama al Gobierno de Canarias que en nuestra comunidad haya como mínimo una partida urgente de entre 500.000 y un millón de euros para este propósito, y que el Consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias ponga en marcha el Plan de la Bicicleta Autonómico con una ficha financiera que facilite que los ciudadanos y ciudadanas accedan a subvenciones para mejorar su modo de movilidad sostenible y acorde al contexto actual, como se ha hecho en Andalucía y Valencia.

Desde una perspectiva de decrecimiento, a la hora de definir la naturaleza de las ayudas sería fundamental que la bicicleta tradicional prime sobre la eléctrica, sin excluir en ningún caso esta última, debido a su notable competitividad con el coche; que, como en Francia, se fomente la recuperación de medios inutilizados y no solo la compra; que se promueva el uso más que la simple adquisición, con subvenciones a la movilidad laboral en bici e inversión en infraestructura. En esta misma línea, para expandir realmente el número de las y los ciclistas en lugar de incidir simplemente en quienes ya estén activos, es recomendable también que, como en Italia, la subvención para compras alcance un porcentaje relevante del precio final, manteniendo al mismo tiempo un tope razonable de cara a evitar abusos. En todo caso, circunstancias tan apremiantes requieren una actuación rápida y de impulso inmediato: subvenciones estructurales de largo plazo, igual de oportunas, deberán planificarse y definirse a través de un proceso tan efectivo como transparente de participación social, para identificar de manera más específica las necesidades locales.

Por último, cabe recordar la importancia de las intervenciones urbanas tácticas, en particular personalizaciones y carriles bici exprés: para ir más allá de lo que quedaría en una mera operación de imagen, es imprescindible lograr un impacto cualitativo y cuantitativo serio, como en el caso de las céntricas y emblemáticas Rue de Rivoli en París o Corso Venezia en Milán, así como en el distrito Friedrichshein-Kreuzberg de Berlín; todo ello, siempre acompañado por nuevos trazados de realización rápida, que sumen decenas y decenas de kilómetros (35 km en Milán, 40 km en Bruselas, 117 km en Bogotá, 150 km en Roma), en lugar de medirse en cientos de metros.




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