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viernes, octubre 18, 2019

… y se cargó la COMAT

Clavijo lo ha hecho: se ha cargado la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (COMAT). Su nueva Ley del Suelo deja las competencias urbanísticas en manos de los ayuntamientos. Cómo no, el sector de la construcción aplaude la norma.

Como si de una venganza se tratara, Fernando Clavijo y Coalición Canaria, dejan las competencias urbanísticas en manos municipales. O sea, que aquello de que la COMAT frenara las aspiraciones para especular de algunos alcaldes, como los principales de Coalición (como fue la pasada legislatura el propio Clavijo) se acaba con la ley que ahora pretenden aprobar.

El borrador del proyecto de ley en cuestión acaba de un plumazo el Texto Refundido de la Ley del Territorio del año 2000, a las Directrices de Ordenación (2003) y a la Ley de Armonización y Simplificación (2014). Bien estudiado que lo tenían, posiblemente, hasta ofrecido a constructores y otros especuladores del suelo. Sí, esos que son acusados de pagar campañas electorales y otros gastos de partidos políticos.

La gran novedad de la nueva ley sería el traspaso de competencias a los entes municipales sobre territorio y urbanismo. ¡Cómo si fuera poco, después de que la COMAT haya actuado frenando continuos atentados medioambientales! Pues ahora se deja a la COMAT fuera de juego y se anteponen las decisiones municipales, por ejemplo.

En realidad, la facultad de aprobar el planeamiento ahora es de la institución que lo redacte, ya sea un ayuntamiento o el Cabildo insular, y la COMAT pasa a ser un órgano asesor con los días contados. Así, Clavijo cumple con una de esas burradas que soltó durante la campaña electoral: cargarse la COMAT.

Argumentan los autores y defensores del texto que “sólo se admitirá el nuevo suelo urbanizable preciso para las necesidades a las que no da respuesta el suelo ya clasificado desde el punto de vista del interés público”. Así que, a partir de su aprobación, no se extrañen en que algún hotel o complejo de apartamentos, o algún centro comercial u otro negocio privado, aparezca catalogado como “de interés público”. En la idealizada república bananera de Coalición Canaria semos asín (y que bien les queda la cursiva).

Pedro M. González Cánovas  

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